La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, en representación de la organización Reset Republicano, y quedó radicada ante el Juzgado en lo Penal Económico N° 7.
14 de septiembre de 2026 – https://www.lavoz.com.ar/
Fotografía del 13 de septiembre de 2026 de un cartel The Falkland Island en Puerto Argentino/Stanleyen en Islas Malvinas (Argentina).
Una denuncia penal presentada ante la Justicia argentina apunta contra directivos y responsables de siete empresas pesqueras que operarían en el Atlántico Sur con licencias otorgadas por las autoridades británicas de las Islas Malvinas.
La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, en representación de la organización Reset Republicano, y quedó radicada ante el Juzgado en lo Penal Económico N° 7.
Los denunciantes plantearon la posible comisión del delito de contrabando y sostienen que las compañías explotan recursos pesqueros en aguas que la Argentina considera bajo su soberanía sin contar con la correspondiente autorización nacional.
Cuáles son las empresas denunciadas
La presentación judicial alcanza a siete compañías, en su mayoría de origen español, y a sociedades vinculadas con sus operaciones en el Atlántico Sur.
Las firmas mencionadas son Lanzal, vinculada con Petrel Fishing Company Ltd.; Grupo Pereira, con Argos Group Ltd.; Pescapuerta y Copemar, relacionadas con South Atlantic Squid; Ferralmes, con Castelo Fishing Co.; Hermanos Touza, con Beaufort Fishing Ltd.; y Moradiña, con Polar Ltd.
La denuncia está dirigida contra directivos, administradores y representantes legales de esas compañías.
Por qué los denunciantes hablan de contrabando
El planteo sostiene que los buques capturarían recursos vivos marinos en áreas que los denunciantes consideran comprendidas dentro del territorio marítimo argentino y que posteriormente realizarían operaciones comerciales sin someter esas capturas a los controles aduaneros nacionales.
A partir de ese argumento, los abogados pidieron que se investigue si las operaciones podrían encuadrar en distintas figuras previstas por el Código Aduanero.
También solicitaron determinar si existieron responsabilidades de funcionarios argentinos por una eventual omisión de tareas de vigilancia y patrullaje o por no haber impulsado actuaciones contra las actividades denunciadas.
Para avanzar sobre esos puntos, requirieron información de organismos nacionales. Entre otras medidas, solicitaron reportes sobre el avistaje e identificación de las flotas que operan en el Atlántico Sur y datos sobre posibles operaciones de exportación y el pago de derechos correspondientes a las capturas.
La disputa por los recursos naturales de Malvinas
La denuncia aparece en momentos en que el Gobierno nacional profundiza las acciones contra empresas extranjeras vinculadas con la explotación de recursos naturales en el área de las Islas Malvinas.
En los últimos días, la administración de Javier Milei avanzó contra compañías relacionadas con proyectos petroleros y prepara una iniciativa legislativa para endurecer las sanciones por actividades desarrolladas sin autorización argentina.
El alcance de esas medidas podría extenderse además a otras actividades económicas vinculadas con los recursos naturales, entre ellas la pesca, uno de los sectores centrales de la economía de las islas.
La Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, actualmente bajo administración británica.