El secretario Andrés Dachary prepara una ley provincial con multas y vetos operativos para compañías que comercien con las islas sin autorización.
Luis Andrés Lautaro, 28 de octubre de 2026 – https://www.defensa.com/
Tierra del Fuego, límite fronterizo entre Chile y Argentina.
El escenario de tensión geopolítica entre Chile y Argentina se reconfigura de cara a finales de este año, teniendo como detonante directo las tajantes advertencias formuladas por el argentino Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego.
La postura fijada por el funcionario fueguino pone de manifiesto el malestar y la profunda preocupación que genera en la región el próximo inicio de operaciones del buque de carga “Danstar”, una embarcación de bandera chilena contratada por la Falkland Islands Development Corporation (FIDC) para restablecer la ruta comercial directa entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.
Para Dachary, la consolidación de este enlace transfronterizo quiebra el principio de coherencia diplomática, cuestionando abiertamente que las autoridades locales chilenas promuevan lazos comerciales con la administración insular mientras sus cancillerías respaldan formalmente los reclamos de soberanía argentinos.
En sus declaraciones al medio Infobae, Dachary remarcó que la provincia no se mantendrá al margen y ultima los detalles de una medida legislativa de carácter penal diseñada para sancionar de forma directa a toda compañía naviera o de servicios que opere con el archipiélago sin la debida autorización de Tierra del Fuego.
La estrategia fueguina busca regular las operaciones marítimas dentro de las doce millas de ese departamento, identificar a las empresas que operen sin autorización provincial, atacar el capital reputacional y económico de los privados involucrados, estableciendo abultadas multas y la prohibición absoluta de operar en territorio argentino para cualquier buque, independientemente de su bandera o puerto de origen, que participe en esta red logística.
Según sus propias palabras, se trata de una norma pensada específicamente para el departamento Islas del Atlántico Sur y no para el resto del territorio fueguino: “Es la primera vez que estamos pensando específicamente una ley provincial en clave departamento Islas del Atlántico Sur. Siempre pensábamos desde el lado del resto de Tierra del Fuego y no específicamente desde las islas”. La norma no distingue por bandera. Alcanzaría por igual a buques que zarpen de puertos chilenos, uruguayos o de cualquier otro origen.
El funcionario ha dejado en claro que el proyecto no apunta a frenar el primer viaje del carguero chileno Danstar, previsto para principios de diciembre. “No buscamos darle tanta entidad a este primer viaje, sino contar con las herramientas normativas necesarias con todo el análisis y el debate, porque lo que buscás es la eficacia de la ley”.
Según advirtió el secretario provincial, el argumento de que se trata de un simple acuerdo entre actores privados pierde todo sustento cuando autoridades políticas de la Región de Magallanes celebran institucionalmente un intercambio comercial que no supera los 20 millones de dólares, pero abre un conflicto geopolítico de escala mayor.
Argentina no tiene la llave de acceso y salida del Estrecho de Magallanes
El Tratado de Paz y Amistad de 1984 obliga expresamente a la República Argentina a “mantener, en cualquier tiempo y circunstancias, el derecho de los buques de todas las banderas a navegar en forma expedita y sin obstáculos a través de sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el Estrecho de Magallanes”. A ello se suma el régimen de paso inocente contemplado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), ratificada por Argentina.
El canciller Pablo Quirno lo reconoció públicamente al afirmar que el país “no puede frenar el paso inocente”. Ante esa limitación jurídica, la provincia de Tierra del Fuego ha puesto el foco en establecer y ejercer jurisdicción sobre las doce millas del departamento Islas del Atlántico Sur, con el objetivo de contar con herramientas para incidir sobre buques internacionales y chilenos que realicen comercio con la actual administración de las islas.
En definitiva, el proyecto de ley que impulsa Dachary refleja un reconocimiento explícito de que Argentina carece de la capacidad legal para interceptar o condicionar el paso de buques por las aguas que conectan el Estrecho de Magallanes con el Atlántico Sur, y orienta el esfuerzo hacia el establecimiento de un control jurisdiccional efectivo sobre las doce millas del departamento Islas del Atlántico Sur.
De este modo, las severas sanciones normativas delineadas por Dachary desde Ushuaia representan el único cartucho de presión disponible para la provincia, actuando como una medida de represalia comercial terrestre y administrativa ante la absoluta imposibilidad legal de Argentina de ejercer un control físico sobre las rutas marítimas del extremo austral y las doce millas de las islas Malvinas.