La explotación ilegal del yacimiento offshore Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas, enfrenta circunstancias decisivas.
Por www.clarin.com – 11/12/2025
Plataforma hidrocarburífera en la cuenca Sea Lion, Atlántico Sur. Imagen: 1/1
La explotación ilegal del yacimiento offshore Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas, enfrenta circunstancias decisivas para obtener el financiamiento que determinará si la operación se concreta o se vuelve a dilatar.
El Offshore Magazine ha informado que el consorcio (65% Navitas Petroleum de Israel y 35% Rockhopper del Reino Unido) ha designado “a un banco internacional técnico líder” para estructurar la deuda estimada en 1650 millones de dólares, cifra que podría llegar a los 2058 millones al concluir la fase 1. La falta de confirmación de la entidad responsable del rompecabezas financiero sugiere que la cuestión se encontraría aún en la etapa de sindicalización preliminar, en la que se evalúan contingencias y se planifica la participación de otros bancos en el préstamo sindicado.
En general el financiamiento de proyectos en territorios bajo disputa presenta desafíos sensibles para los bancos. Los ejemplos del Mar de China Meridional (China y Japón), el Mar Caspio (Kapaz/Serdar) o el bloque Ambalat (Indonesia y Malasia) muestran que las entidades financieras suelen incrementar el análisis de riesgo ya que la sola existencia de reclamos cruzados obliga a examinar la validez jurídica de las concesiones, la estabilidad regulatoria y la posibilidad de conflictos diplomáticos. En numerosos casos, en particular en Asia, la viabilidad económica ha dependido de garantías extraordinarias, póliza de riesgo soberanos o acuerdos diplomáticos entre los Estados involucrados.
Históricamente, Navitas Petroleum ha operado con Société Genérale como “lead arranger” en proyectos offshore en el campo Shenandoah en el Golfo de México. Rockhopper Exploration, empresa colaboradora de la ocupación británica, ha contado con el apoyo financiero del Royal Bank of Scotland. Y ambas empresas designaron en el 2018 a Standard Chatered Bank (con sucursal en Malvinas) como “pathfinder bank” del proyecto Sea Lion y el Reino Unido lo estaría incentivando como “co-lender” a través del órgano ministerial UK Export Finance (UKEF). También se consideraría la alternativa que el papel de “lead arrangers” recaiga en instituciones que toleren mejor las inestabilidades geopolíticas y con menor exposición en América Latina.
Sin embargo, es probable que la magnitud de la financiación obligue a recurrir también a entidades tradicionales (Société Générale, ING, JP Morgan Chase, Mizoho Financial Group, BNP Parisbas, Barclays y HSBC, entre otras). En esa hipótesis y dadas las implicancias políticas delicadas del proyecto, esos bancos deberán cumplir con estrictas normas de “compliance” ante sus reguladores nacionales. Por lo tanto, aplicar al caso la postura diplomática firme y constante de Argentina ante las entidades financieras puede incrementar el riesgo percibido por los prestamistas, complicar la sindicación de deuda y afectar la rentabilidad y seguridad del financiamiento.
En ese marco la gestión diplomática se convierte en una herramienta para advertir las contingencias de un emprendimiento cuya ubicación forma parte de una controversia reconocida por la comunidad internacional. Es así, que Sea Lion enfrenta a la Argentina ante una nueva oportunidad de influir sobre quienes se atrevan a participar de un acto unilateral británico ilegitimo e ilegal tendiente a la explotación de un yacimiento en el área disputada.
La experiencia global muestra que, con voluntad política y apoyo internacional, es posible generar mecanismos pragmáticos que eviten que las oportunidades económicas alejen a ambas partes del ambiente necesario para retomar las negociaciones de soberanía sobre la cuestión Malvinas.