Las comisiones de Defensa, Legislación Penal y de Relaciones Exteriores y Culto comenzarán el tratamiento del proyecto que anunció el presidente Javier Milei en cadena nacional. La iniciativa amplía las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en el archipiélago y crea el Consejo de Seguridad.
miércoles 30 de septiembre de 2026 – https://www.dataclave.com.ar/
Las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados comenzarán el tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía, que fue anunciada por el presidente, Javier Milei, el pasado 3 de septiembre en cadena nacional.
El encuentro se llevará a cabo desde las 12 en la Sala del segundo piso del Anexo C. Las comisiones están presididas por los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán. Fueron invitados a exponer la subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Secretaría Legal y Técnica, Paula Taddei, y el secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Ignacio Stampalija.
La iniciativa propone reemplazar la Ley 26.659 y ampliar el régimen de sanciones para quienes realicen actividades vinculadas con el aprovechamiento de recursos naturales en las islas, sus espacios marítimos e insulares y la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales.
El texto también amplia las personas y empresas que podrían quedar alcanzadas por las sanciones, que prevén penas de prisión de hasta 20 años, multas e inhabilitaciones. Además de los responsables directos de las actividades, contempla a proveedores, socios, accionistas y personas o entidades que ejerzan funciones de control sobre las compañías involucradas.
Luego de la cadena nacional, el Gobierno avanzó con cambios en la aplicación de la Ley 26.659. El Decreto 868/2026 designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación y estableció un procedimiento administrativo específico para investigar posibles infracciones. La norma fijó, entre otros aspectos, un plazo de 10 días hábiles para que los presuntos infractores presenten su descargo.
Además, el Ejecutivo inició procesos para sancionar a un total de 60 personas y empresas (un primer grupo de 45 y una ampliación posterior de 15) por realizar actividades ilegítimas de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas sin la autorización del país.
Otra de las herramientas incorporadas es la posibilidad de realizar juicios en ausencia para los delitos incluidos en el régimen. A la vez, el texto crea un Régimen de Desistimiento y Regularización para quienes abandonen las actividades alcanzadas por las prohibiciones.
El proyecto también crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional, que estará encabezado por el presidente Javier Milei e integrado por funcionarios de distintas áreas del Gobierno.
El organismo tendría entre sus funciones la coordinación de políticas vinculadas con la defensa, la diplomacia, la economía, la inteligencia y la protección de infraestructuras consideradas críticas. El texto también propone modificaciones a la Ley de Defensa Nacional y establece disposiciones para los ámbitos aeroespacial, marítimo, fluvial y lacustre.