26 Agosto, 2026 – https://www.nuevopoder.cl/
Una serie de episodios ocurridos en los últimos días volvió a situar al extremo sur de Argentina en el centro de la discusión geopolítica. El arribo a Ushuaia de un petrolero de bandera británica, las declaraciones de un alto mando militar argentino sobre el Estrecho de Magallanes y distintas decisiones relacionadas con las capacidades de sus Fuerzas Armadas reactivaron el debate sobre la presencia y los intereses estratégicos del país trasandino en la región.
Aunque se trata de acontecimientos diferentes, todos se insertan en un escenario donde confluyen el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, la presencia británica en el Atlántico Sur, la explotación de recursos pesqueros y energéticos, las rutas marítimas australes y la proyección hacia la Antártica.
Uno de los principales desafíos para Argentina se encuentra en el Atlántico Sur, donde mantiene su reclamación de soberanía sobre las Malvinas frente al Reino Unido. A ello se suma la actividad de flotas pesqueras extranjeras en sectores próximos a su Zona Económica Exclusiva y el desarrollo de proyectos de explotación de hidrocarburos en aguas cercanas al archipiélago.
La extensión del espacio marítimo representa además un desafío para las capacidades de vigilancia argentinas. El país debe supervisar una extensa superficie con recursos materiales limitados, mientras aumentan los intereses económicos, científicos y estratégicos en la zona austral.
En ese contexto también aparece la relación con Chile. Ambos países dejaron atrás hace décadas los escenarios de confrontación y desarrollaron mecanismos de cooperación y tratados que permitieron resolver sus principales diferencias limítrofes. Sin embargo, espacios como el Estrecho de Magallanes, el Canal Beagle y el Pasaje de Drake mantienen una elevada importancia estratégica para ambos Estados.
Esa sensibilidad volvió a quedar expuesta después de las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien durante una entrevista mencionó Magallanes, el sur y el Pasaje de Drake al referirse a soberanía, seguridad y presencia en el extremo austral.
Las palabras provocaron una reacción inmediata del Gobierno chileno, que reafirmó que la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes es indiscutible y recordó los acuerdos internacionales que establecen los límites entre los dos países.
La Cancillería argentina posteriormente buscó cerrar la controversia y ratificó que su posición oficial se encuentra determinada por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, ambos plenamente vigentes.
La importancia del estrecho supera la dimensión estrictamente territorial. Se trata de una vía natural de conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico y forma parte de un espacio austral en el que convergen navegación internacional, recursos naturales, investigación científica y rutas de acceso hacia la Antártica.
Pese a las controversias, Chile y Argentina mantienen mecanismos de cooperación militar. Entre ellos se encuentra el ejercicio Viekarén, desarrollado en el área del Canal Beagle y orientado a operaciones conjuntas de búsqueda, rescate y salvamento marítimo.
La tensión aumentó luego de una publicación de la Armada Argentina en redes sociales que mostró al destructor ARA “Almirante Brown” navegando por canales fueguinos rumbo al ejercicio multinacional UNITAS LXVII. El registro incluyó imágenes correspondientes a territorio chileno en Magallanes, aunque el texto de la publicación se refirió al recorrido como uno de los escenarios marítimos más australes y desafiantes “del país”, sin identificar que parte de la navegación se desarrollaba en aguas interiores chilenas.
En paralelo a la controversia con Chile, otro episodio generó discusión entre Argentina y el Reino Unido. Se trató del amarre en Ushuaia del VS Promise, un petrolero de bandera británica que previamente había cargado petróleo producido en Tierra del Fuego.
La presencia de la nave generó críticas del Gobierno de Tierra del Fuego debido al histórico reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. El Gobierno nacional, sin embargo, defendió la operación y sostuvo que no existió una infracción a la normativa vigente.
El argumento de las autoridades nacionales fue que la denominada Ley Gaucho Rivero no impide de manera general el ingreso de cualquier embarcación británica, sino que establece restricciones para naves relacionadas con actividades de exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas.
El episodio también dejó en evidencia una disputa interna por la administración del puerto de Ushuaia, intervenido desde enero por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, medida adoptada por el Ejecutivo nacional y cuestionada judicialmente por las autoridades fueguinas.
A la dimensión territorial se agrega el componente energético. En las Malvinas avanza el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, que contempla inversiones e infraestructura para aumentar la producción de hidrocarburos en la zona.
De esta manera, el histórico conflicto por las islas se desarrolla simultáneamente con una creciente actividad económica vinculada a los recursos naturales. Mientras Argentina mantiene su reclamación diplomática, continúan avanzando proyectos de explotación en las aguas que rodean el archipiélago.
El debate sobre la presencia argentina en el sur también se ha trasladado al ámbito militar. El Gobierno de Javier Milei autorizó este mes, mediante el Decreto 764/2026, la venta de un terreno de la Armada Argentina de más de 382 mil metros cuadrados ubicado en Ushuaia, como parte de una reorganización de activos pertenecientes a las Fuerzas Armadas.
El Ejecutivo argentino sostiene que los recursos obtenidos mediante la venta de determinados bienes pueden destinarse al reequipamiento militar. Esa política forma parte del Plan ARMA, que contempla mecanismos para utilizar ingresos provenientes de activos estatales en la modernización de las Fuerzas Armadas.
A ello se suma el Plan Dédalo, mediante el cual la Armada Argentina está reorganizando su Aviación Naval. El programa considera trasladar desde Punta Indio hasta Bahía Blanca la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima y la Escuela de Aviación Naval.
También se contempla el retiro definitivo de los aviones Super Étendard, aeronaves utilizadas durante la Guerra de Malvinas y que durante décadas integraron las capacidades de la Aviación Naval argentina.
Estas decisiones han abierto interrogantes respecto de las prioridades de Defensa de Argentina, considerando su extensa costa, sus reclamaciones territoriales, la vigilancia de los recursos naturales y su interés por mantener una proyección permanente hacia la Antártica.
Uno de los puntos críticos es la denominada Milla 201, inmediatamente fuera de la Zona Económica Exclusiva argentina, donde durante la temporada de calamar operan cientos de embarcaciones extranjeras, entre ellas una importante presencia de flotas de origen chino.
El desafío argentino no se limita a evitar actividades ilegales dentro de las 200 millas marítimas. También comprende la capacidad de vigilar las áreas adyacentes y seguir el desplazamiento de recursos pesqueros que atraviesan distintas jurisdicciones.
Los acontecimientos recientes muestran así que la soberanía y los intereses estratégicos en el extremo austral no dependen exclusivamente de declaraciones diplomáticas o reclamaciones históricas. También están vinculados con la capacidad efectiva de los Estados para mantener infraestructura, vigilancia marítima, presencia militar, actividad científica y desarrollo económico.
En ese escenario, el Atlántico Sur, el Estrecho de Magallanes, el Pasaje de Drake y la proyección antártica conforman un espacio de creciente relevancia geopolítica. Para Argentina, el desafío será fortalecer sus capacidades y administrar sus intereses sin alterar los tratados y mecanismos de cooperación que regulan su relación con Chile, al mismo tiempo que mantiene su histórica disputa con el Reino Unido por las Islas Malvinas. (NP-ChatGPT-Bio BIo)