Documentos desclasificados del Archivo Nacional de Brasil revelaron una maniobra de las autoridades para coordinar que armamento militar fabricado en Bélgica llegara a la Argentina en el marco del conflicto bélico. El operativo buscó esquivar el embargo europeo sin hacer ruido. Las incógnitas que aún perduran detrás del apoyo brasileño al reclamo argentino de soberanía
10/06/2026 – https://www.infobae.com/
Personal del Ejército Argentino en las islas. El soldado de la derecha lleva un fusil FN FAL, mientras que los otros dos empuñan pistolas Browning GP-35
Cuando el 2 de abril de 1982 las fuerzas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas, la respuesta de la Comunidad Económica Europea (CEE) no se hizo esperar. En el plazo de días, y a pedido de Gran Bretaña, la CEE impuso sanciones económicas a la Argentina que incluyeron, entre otras medidas, la suspensión de las exportaciones de material de defensa.
Ello generó un problema para las fuerzas armadas argentinas, que vieron que armas y equipos encargados (y muchas veces ya pagados) quedaban retenidos en Europa. El caso más conocido es el de Francia y los poderosos misiles Exoce
Pero los archivos desclasificados en Brasil muestran una historia hasta ahora oculta: cómo las más altas autoridades brasileñas coordinaron con un fabricante de armas belga para que piezas clave de armamento llegaran a la Argentina, burlando el bloqueo impuesto.
La Fabrique Nationale Herstal S.A., con sede en la ciudad de Herstal, en la provincia de Lieja (Bélgica), mantenía desde hacía años una importante serie de contratos firmados con las fuerzas armadas de Argentina, especialmente con el Ejército Argentino y su representante institucional, la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM).
El principal fusil de las fuerzas argentinas era el FAL (Fusil Automático Liviano), la ametralladora de dotación era la MAG (MAG 60-20 era la ametralladora de apoyo de las secciones de infantería y la MAG 60-40 se empleaba en configuración coaxial en vehículos blindados) y, como arma de puño, se contaba con la pistola Browing GP-35 en calibre 9mm. Todavía están en uso. Todas armas de la Fabrique Nationale (FN) Herstal, que se fabricaban o ensamblaban ahora bajo licencia en Argentina, en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán de la Provincia de Santa Fe. Armas necesarias para la guerra que ya se había iniciado.
La situación era crítica.
El 3 de junio de 1982, un bombardero británico Avro Vulcan matrícula XM597 tuvo que aterrizar de emergencia en Río de Janeiro, luego de atacar Malvinas y al tener problemas en reabastecer en vuelo. Brasil permitió al bombardero regresar, con la condición de que no volviera a participar en la guerra y retuvo al misil AGM-45 Shrike que llevaba, el que aparece cubierto en primer plano
Según un memo que había llegado a Bélgica, las fábricas argentinas se encontraban paralizadas por falta de piezas de pistola, ametralladora y fusil —“leur fabrique est paralysée par manque de pièces”— y los pedidos llegaban calificados de “super urgence”. Armas que necesitaban los soldados estaban a medio concebir en las líneas de producción.
Pero desde FN Herstal no podían cumplir. Su gobierno no los dejaba.
Ante ese cuadro, FN Herstal recurrió a su subsidiaria brasileña. La solución concebida era jurídicamente ingeniosa: importar las piezas desde Bélgica bajo el régimen aduanero de “draw-back” —que suspende los tributos de importación a condición de que el material sea reexportado tras un procesamiento—, someterlas a “um rápido processamento/tratamento final” en la planta industrial de FN do Brasil Ltda. ubicada en Valença, Estado de Río de Janeiro, y reexportarlas a continuación al gobierno argentino.
La operación permitiría a FN Herstal eludir el bloqueo de la CEE sirviendo a su cliente, mientras que FN do Brasil obtendría una “certa margem de lucro” como intermediaria. Pero mínimo para el comprador, ya que FN Herstal aceptó reducir los precios de lista de la mercadería para no afectar lo que Argentina debía abonar.
Era un negocio que les cerraba a todos. Menos a los británicos, claro. Y permitía al gobierno brasileño dar una mano cuando su vecino lo necesitaba.
Los dos Embraer EMB-111 Bandeirante Patrulha, alquilados a la Fuerza Aérea Brasileña en condiciones muy favorables, son la cara más conocida de la ayuda brasileña a la Argentina durante el conflicto de 1982. Su alquiler también requirió aprobación formal del presidente de aquel país
Los documentos desclasificados del Archivo Nacional de Brasil revelan que la operación se articuló a partir de dos solicitudes formalmente independientes, tramitadas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) en el marco de las Diretrizes Gerais para a Política Nacional de Exportação de Material de Emprego Militar (PNEMEM).
Ambas fueron iniciadas por el Director General de FN do Brasil Ltda., Kleber Carvalho Rocha, mediante cartas dirigidas al Embajador Paulo de Tarso Flecha de Lima, Jefe del Departamento de Promoción Comercial del Itamaraty.
La primera solicitud, fechada el 4 de mayo de 1982 (referencia interna FN-82/055), comprendía:
• 177.500 piezas mecánicas de precisión para el fusil FAL calibre 7,62 mm, detalladas en seis partidas: piezas brutas semiacabadas obtenidas por microfusión (17.500 unidades); cajón de mecanismo FAL modelo 50-00 semiacabadas (23.000 unidades); cargadores completos FAL (50.000 unidades); tubos de acero inoxidable sin costura para el cilindro de gases (21.000 unidades); tubos de acero sin costura (31.000 unidades); y bayonetas tubulares completas FAL-FN.201 (35.000 unidades).
• 16.000 armazones semiacabados (“armaduras PB/GP”) para la pistola Browning GP calibre 9mm Parabellum.
El valor total estimado de esta primera operación ascendía a US$ 5.500.000, pagadero de contado mediante carta de crédito irrevocable.
La segunda solicitud, datada el 12 de mayo de 1982 (referencia interna FN-82/057), cubría un lote diferente compuesto por 209.000 piezas mecánicas de precisión para el fusil FAL —entre ellas 150.000 cargadores completos, 21.000 tornillos de fijación del cilindro de gases, 9.000 arcos guardamontes, 12.000 resortes recuperadores externos, 12.000 resortes recuperadores internos y 5.000 frenos de boca— más 5.780 juegos de subconjuntos y piezas para la ametralladora MAG calibre 7,62 mm en sus versiones 60-20 (infantería) y 60-40 (coaxial).
El valor total de este segundo lote se estimó en US$ 2.500.000, también a pagar de contado.
Documento secreto del 31 de mayo de 1982, por el que se informaba al presidente de Brasil sobre la triangulación de armas hacia Argentina. En la primer página arriba a la derecha, el General João Baptista de Oliveira Figueiredo anotó “Aprovo. Em 31/5/82” y estampó su firma.
La operación requería autorización expresa del Estado brasileño en varios niveles. El expediente revela un circuito burocrático que involucró al menos cinco actores institucionales: el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE/Itamaraty), la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), el Ministerio del Ejército, la Carteira de Comércio Exterior del Banco do Brasil (CACEX) y, en última instancia, la Presidencia de la República.
El MRE tramitó los pedidos con carácter SECRETO-URGENTÍSIMO bajo el número DPG/DAM-I/DSI/112/665.16(B46)(B29). En su despacho al CSN del 14 de mayo de 1982, Itamaraty —a cargo del Canciller Saraiva Guerreiro— emitió parecer favorable para ambas operaciones desde el punto de vista de las relaciones exteriores de Brasil.
El 19 de mayo, el General de Brigada Danilo Venturini, Ministro de Estado y Secretario General del CSN, elevó la consulta al Ministro del Ejército, General de Ejército Walter Pires de Carvalho e Albuquerque, y a la CACEX. La CACEX respondió el 24 de mayo mediante el telex DICEX 82/849, informando que no tenía objeciones a la operación. El Ministerio del Ejército, por su parte, emitió parecer favorable el 28 de mayo.
Con todos los pareceres favorables reunidos, Venturini elevó el 31 de mayo de 1982 la Exposición de Motivos 043/82, clasificada como SECRETO al Excelentísimo Señor Presidente de la República, General João Baptista de Oliveira Figueiredo para aprobar la primera solicitud (del 4 de mayo). La respuesta presidencial, manuscrita en el propio documento, fue lacónica y definitiva: “Aprovo. Em 31/5/82”. Y abajo su firma.
El gobierno brasileño aprobaba una triangulación de armas para Argentina.
La segunda solicitud, datada el 12 de mayo de 1982, tuvo el mismo tratamiento y conclusión días después por el presidente brasileño: “Aprovo. Em 07/06/82”.
El archivo secreto que difundió el Archivo Nacional de Brasil
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El expediente no puede leerse sin el contexto que proporciona un memorando interno del propio CSN, datado el 19 de abril de 1982 y titulado “A Questão das Malvinas e as Relações Brasil-Argentina”.
Ese documento —de excepcional franqueza diplomática— describe la posición brasileña frente al conflicto como de “não-engajamento ostensivo”, ni equidistante ni neutral, dado el apoyo histórico de Brasil al reclamo argentino de soberanía sobre las islas.
Brasil había aceptado representar los intereses argentinos ante el gobierno de Su Majestad Británica, y el presidente Figueiredo mantenía una relación de notable calidez personal con el presidente Galtieri.
El memorando de abril identificaba con explícita lucidez las oportunidades que el conflicto abría para el relacionamiento bilateral. Señalaba que en áreas como el material de empleo militar y la industria aeroespacial, la penetración comercial brasileña había sido “básicamente vedada” por Argentina, que históricamente había recurrido a fuentes extracontinentales para artículos que Brasil podría haber provisto en condiciones ventajosas.
La crisis de las Malvinas se presentaba como una ocasión para transformar cualitativamente esa relación asimétrica, haciendo que la cooperación entre ambos países fuera “íntima e irreversível” en una amplia gama de áreas.
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La pregunta que inevitablemente surge es si estas piezas llegaron a destino antes del cese del fuego el 14 de junio de 1982. Los documentos analizados permiten reconstruir la cronología de la autorización pero no acreditan de manera directa la ejecución de los embarques. La aprobación presidencial se produjo el 31 de mayo y 7 de junio.
Los plazos de entrega declarados por FN Herstal en sus facturas pro-forma variaban entre quince días y dos meses, lo que sugiere que al menos los materiales de entrega más rápida podrían haber comenzado a moverse antes de que se completara el proceso burocrático brasileño.
Es una pieza más para investigar.
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La triangulación FN Herstal–FN do Brasil no fue la única operación de transferencia de material militar que Brasil autorizó o tramitó en beneficio de Argentina durante el conflicto. Los brasileños alquilaron, en condiciones muy favorables, dos aviones EMB-111 Bandeirante Patrulha a la Armada Argentina. Además, a través de Petrobras, suministraron cantidades de combustible de aviación y otras cosas aún no aclaradas del todo (porque nadie quiere que queden del todo claras).
El caso FN Herstal–FN do Brasil, sin embargo, tiene una especificidad que lo distingue: no se trata de una exportación directa de material de fabricación brasileña, sino de la interposición deliberada de Brasil como nodo de una cadena de suministro que, de otro modo, habría quedado cortada por el bloqueo europeo.
La triangulación era conocida y asumida como tal por todos los actores institucionales involucrados. La aprobación presidencial de Figueiredo fue, en este contexto, una decisión política adoptada con plena consciencia del papel que Brasil asumiría como facilitador.
Los archivos desclasificados de Brasil revelaron una triangulación entre FN Herstal, FN do Brasil y la Argentina para eludir el embargo europeo en Malvinas (NA)
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Los documentos desclasificados del Arquivo Nacional de Brasil permiten reconstruir con notable precisión una operación que, hasta ahora, permanecía fuera del registro historiográfico disponible sobre el apoyo externo a la Argentina durante el conflicto de Malvinas.
La triangulación entre FN Herstal (Bélgica), FN do Brasil Ltda y, finalmente, el Ejército Argentino/DGFM configuró un mecanismo de elusión del embargo de la CEE, tramitado con carácter secreto a lo largo de la cadena de mando brasileña y finalmente sancionado por el propio presidente Figueiredo.
El caso ilustra al menos tres dimensiones de significación histórica.
En primer lugar, la operatividad real del bloqueo de la CEE. Si bien las sanciones europeas privaron a Argentina de suministros directos, la existencia de una subsidiaria en un país tercero —Brasil, que no adhirió a las sanciones— bastó para crear un canal alternativo eficaz, al menos en términos jurídicos y administrativos.
En segundo lugar, la coherencia de la política exterior brasileña durante el conflicto: el apoyo diplomático a la reivindicación argentina de soberanía fue coherente con una disposición operativa para facilitar el sostenimiento logístico de sus fuerzas armadas.
En tercer lugar, la utilización estratégica de instrumentos comerciales ordinarios —el régimen de draw-back, las consultas PNEMEM, las facturas pro-forma— para canalizar una decisión esencialmente política con la menor visibilidad posible.
Brasil colaboró más de lo que se le reconoce oficialmente. Una estrategia, claro, para no entorpecer las relaciones con el Reino Unido. Cuyos funcionarios permanecieron mayormente a oscuras.
En palabras del entonces Agregado Aeronáutico del Reino Unido en Brasil: “Tras la guerra, se nos informó de que el jefe de la Armada Argentina, el almirante Anaya, iba a visitar el país para ‘agradecer a Brasil el apoyo que le había prestado’. Por supuesto, no estuvimos presentes en la inevitable recepción diplomática, pero los brasileños nos aseguraron que, dado que en realidad no se había prestado ninguna ayuda a Argentina, todo el asunto no era más que una farsa sin sentido”.
No fue una farsa sin sentido. El apoyo brasilero sí existió. Y esta triangulación de armamento al más alto nivel es una prueba de ello.