Las Malvinas en subasta: el riesgo de una “soberanía compartida” negociada a la medida de Washington – Por Mauro Federico e Ivy Cángaro – Observatorio Malvinas

12/07/2026 – https://www.notiar.com.ar/

Milei repite que el reclamo soberano sobre las islas “no se negocia”, pero vació la diplomacia malvinera, corrió el reclamo hacia la autodeterminación que esgrime el Reino Unido y confía en que su sintonía con Trump destrabe lo que 193 años no lograron. Alrededor de ese territorio insular hay 1.700 millones de barriles de petróleo, una pesca que factura 210 millones de dólares al año y la llave del Atlántico Sur y la Antártida. El mismo Gobierno que blindó al capital extranjero con el RIGI y derogó por decreto la Ley de Tierras se proclama, desde Tucumán, en una “segunda independencia”.

Hay una escena que se repite en la historia argentina y que conviene tener presente cada vez que una potencia se ofrece, sonriente, a “ayudar”. Primero llega el gesto amistoso; después, la letra chica del contrato; al final, la factura. O como dice la canción, “el primero te lo regalan, el segundo te lo venden”. En tiempos mileístas la ecuación es inversa y ni siquiera está la seducción del regalo: el oferente está tan interesado en congraciarse, o en hacer negocios para sí, que ni siquiera pretende presente alguno, sino que él mismo está dispuesto a regalar lo que sería vendible aún a precio vil.

En julio de 2026, mientras la Casa Rosada coquetea con la idea de que la amistad entre Javier Milei y Donald Trump pueda abrir una puerta para el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas, es imprescindible poner la lupa en estas ofertas que parecen, al menos para algunos desprevenidos, desinteresadas. No porque el reclamo no sea justo —sabemos que lo es desde hace dos siglos— sino porque quien se propone como mediador es el mismo que, en simultáneo, obtiene de este gobierno leyes hechas a medida para sus corporaciones, tierras liberadas de todo límite y un acceso sin precedentes a los recursos naturales del país. En ese contexto, una negociación por las islas con sello estadounidense corre el riesgo de no ser una restitución, sino una nueva concesión.

Un maleable concepto de soberanía

La doctrina argentina acerca de Malvinas fue, desde 1983, una política de Estado con rango constitucional: la Disposición Transitoria Primera de la Constitución de 1994 ordena recuperar las islas por la vía pacífica y respetando el modo de vida de sus habitantes, pero sin resignar jamás la soberanía. Milei la mantiene en el plano declarativo con los comunicados para reafirmar los derechos soberanos que la Cancillería publica cada 3 de enero, aniversario de la usurpación de 1833, cuando la corbeta británica HMS Clio, al mando del comandante John Onslow, obligó a la guarnición argentina de Puerto Soledad a arriar la bandera y abandonar las islas; los discursos en la ONU, como el que pronunció ante la 79.ª Asamblea General en septiembre de 2024, donde le dedicó a las islas apenas una frase, y no para robustecer el reclamo sino para criticar al propio organismo: “Tampoco la organización ha cumplido satisfactoriamente su misión de defender la soberanía territorial de sus integrantes, como sabemos los argentinos de primera mano, en la relación con las Islas Malvinas”; o el pedido de respaldo que formuló al Mercosur en la cumbre de presidentes del bloque de diciembre de 2025, donde reclamó un apoyo “permanente y sólido” a los derechos soberanos sobre las islas y los espacios marítimos circundantes, y obtuvo una Declaración Especial en ese sentido.

Y vale detenerse en ese texto, porque dice bastante más de lo que el propio Gobierno parece dispuesto a hacer: firmado en Foz de Iguazú por los presidentes de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el canciller de Bolivia, el presidente de Panamá, el canciller de Chile y las autoridades de los demás Estados Asociados, reafirmó los términos de la histórica Declaración sobre las Malvinas de 1996 y el respaldo a los legítimos derechos argentinos en la disputa de soberanía.

En el año en que se cumplían seis décadas de la Resolución 2065 de la ONU, los mandatarios reiteraron el interés regional en que el diferendo con el Reino Unido se resuelva cuanto antes, conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas y las declaraciones de la OEA y del propio bloque. Y — en el pasaje más filoso— destacaron que las medidas unilaterales, incluida la exploración y explotación de recursos naturales dentro del área en disputa, son incompatibles con la Resolución 31/49 de la ONU, y reconocieron el derecho de la Argentina a promover acciones legales contra esas actividades no autorizadas: casi palabra por palabra, una condena anticipada al proyecto petrolero Sea Lion. Por último, acordaron impulsar una nueva gestión ante el Secretario General de la ONU para que renueve su misión de buenos oficios y contribuya a reanudar las negociaciones.

Sin embargo, Javier Milei vació su instrumento más importante. El Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas —creado por la Ley 27.558 en 2020 para reunir cada año, en el Palacio San Martín, a gobernadores, legisladores, excombatientes y especialistas de todo el arco político en torno a una política de Estado— dejó de sesionar. Su última reunión fue en 2024, con Diana Mondino todavía al frente de la Cancillería; desde entonces se acumularon más de cuatrocientos días sin encuentro, pese a que la ley obliga a convocarlo. La cita de 2025, reprogramada para el 30 de septiembre, se cayó de manera indefinida a menos de diez horas de su inicio, con la excusa de una agenda impostergable: varios de los convocados ni siquiera alcanzaron a cancelar sus pasajes a Buenos Aires.

Lo impostergable estaba, en rigor, a más de ocho mil kilómetros: ese mismo día el canciller Gerardo Werthein —anfitrión del cónclave— se encontraba en Washington negociando con Jamieson Greer, el representante comercial de Estados Unidos, la letra chica del salvataje financiero que el Gobierno necesitaba para llegar a las elecciones de octubre. Malvinas, otra vez, quedó detrás de Washington. Y el vaciamiento no se detuvo en el Consejo: la Cancillería desactivó los grupos de apoyo a la causa que funcionaban en las embajadas argentinas. Guillermo Carmona, exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur durante el gobierno de Alberto Fernández, lo denunció sin rodeos: existe, afirmó, “una línea muy clara bajada desde Cancillería, sobre todo en el área de Malvinas, de no decir nada y no hacer nada”.

En su lugar, el Presidente recuperó la vieja política de “seducción” a los isleños, la misma que en los años noventa había ensayado el menemismo: en aquel entonces, el canciller Guido Di Tella reemplazó la insistencia soberana por el intento de ganarse la simpatía de los kelpers a fuerza de regalos navideños, un gesto por el que se hizo célebre: cada diciembre les enviaba ositos de peluche —los famosos teddy bears—, junto con tarjetas y cartas que arrancaban con un “querido isleño”. Milei retomó ese espíritu, pero con la falta de empatía y el inoportunismo que suelen caracterizarlo: esta vez no aduló solo a los kelpers, sino que habló simpáticamente de ellos ante los excombatientes de Malvinas.

Fue en el acto por el Día del Veterano de 2025 cuando dijo: “Vamos a transformar a la Argentina en una potencia, y eso hará que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros”. La frase, pronunciada frente a los hombres que volvieron de la guerra, no es un desliz: es la aceptación del principio de autodeterminación de los kelpers, exactamente el argumento sobre el que el Reino Unido apoya toda su defensa. La postura histórica argentina siempre sostuvo lo contrario —que los isleños son una población trasplantada por la potencia ocupante y que, por lo tanto, no constituyen un “pueblo” con derecho a la libre determinación—. Milei lo dio vuelta con una naturalidad que a sus críticos les resulta escalofriante. Ante el diario británico The Telegraph, en diciembre de 2025, dijo que “de ninguna manera” cedería territorio, pero que “es evidente que la gente acabará manifestando su voluntad”.

La coherencia con su propia biografía ideológica es total, y tiene un costado que hiela la sangre. Antes de llegar a la Presidencia, Milei ya se declaraba “muy identificado” con Margaret Thatcher y la nombraba, sin rubor, como su “ídola”. Conviene recordar quién fue esa mujer para los argentinos. El 2 de mayo de 1982, su gabinete de guerra ordenó torpedear al crucero ARA General Belgrano: el submarino nuclear británico HMS Conqueror lo alcanzó a las cuatro de la tarde, con el barco navegando fuera de la zona de exclusión que la propia Gran Bretaña había trazado y con la proa puesta hacia el continente, es decir, alejándose del combate.

En las aguas heladas del Atlántico Sur murieron 323 tripulantes —casi la mitad de todos los caídos argentinos en la guerra—, muchos de ellos muy jóvenes que quedaron atrapados en las entrañas del casco o que agonizaron durante horas a la deriva, en balsas, bajo un frío que mataba tanto como los torpedos. Para las familias de las víctimas, que llevaron el caso a los estrados internacionales, y para buena parte del mundo, aquello fue lisa y llanamente un crimen de guerra. Es a esa primera ministra a la que el presidente argentino le guarda un lugar de honor: una foto suya descansa sobre una mesa a la derecha de su escritorio en la Casa Rosada, junto a un souvenir idéntico de Ronald Reagan.

Y ahí la ironía se vuelve doble, porque Reagan no fue un espectador neutral de aquella guerra: tras el fracaso de la mediación, su gobierno se puso de lleno del lado de Londres y le aportó apoyo logístico, inteligencia satelital, el uso de la isla Ascensión y, sobre todo, los misiles Sidewinder que derribaron a la mayoría de los aviones argentinos; un asesor de la propia Thatcher admitiría después que, sin esa ayuda estadounidense, el Reino Unido no habría ganado. Milei, entonces, conserva sobre su mesa a los dos artífices de la derrota argentina en Malvinas, uno al lado del otro. Ya en el sillón de Rivadavia, cuando la BBC lo entrevistó frente a esa misma foto y le preguntó si de verdad admiraba a Thatcher, no dudó: “Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo. Y no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. ¿Y cuál es el problema? Criticar a alguien por su nacionalidad o raza es intelectualmente muy precario. He escuchado muchos discursos de Margaret Thatcher, ella fue brillante. ¿Entonces, cuál es el problema?”. Reconoció, además, sin eufemismos, que las islas están “en manos del Reino Unido” y que recuperarlas podría llevar “décadas”. Es, quizás, el primer presidente argentino que exhibe sobre Malvinas una posición tan alineada con la del ocupante.

El Pentágono, la OTAN y “solo un e-mail”

El 24 de abril de 2026 la agencia Reuters publicó un correo electrónico interno del Pentágono que evaluaba medidas de presión contra aliados de la OTAN que no habían acompañado la ofensiva militar estadounidense contra Irán. Entre las opciones figuraba, textualmente, reconsiderar el apoyo de Washington a “posesiones imperiales” europeas de larga data, como las Islas Malvinas. Fue una chispa: por primera vez en décadas, el aliado histórico de Londres dejaba entrever que el archipiélago del Atlántico Sur podía usarse como moneda de cambio.

En Buenos Aires, el oficialismo lo recibió, según su propia definición, con “expectativa y cautela”. Ese mismo 24 y 25 de abril, mientras el canciller Pablo Quirno reafirmaba en X los derechos soberanos argentinos y hasta la vicepresidenta Victoria Villarruel salía a respaldar la vía bilateral, desde la Casa Rosada empezó a soplarse una expectativa más ambiciosa. Funcionarios que hablaron con Infobae bajo reserva enmarcaron el episodio como una oportunidad abierta por el alineamiento con Washington: “Todo lo que ayude a eso es bueno”, deslizó uno; otro fue más lejos y sostuvo que, gracias a la “relación geopolítica con Estados Unidos establecida por el presidente Milei”, la Argentina se había vuelto “un enclave geopolítico estratégico” en la defensa del Atlántico Sur.

El propio Milei venía calentando esa expectativa: días antes, en el canal de streaming paraestatal Neura, se había jactado de estar “consiguiendo apoyos nunca vistos” y de hacer “avances como nunca se han hecho”, aunque con una salvedad que delataba de quién dependía todo: “no depende solo de nosotros”. La fantasía, en el fondo, era una sola: que la sintonía personal con Trump alcanzara para lo que la diplomacia no había logrado en 193 años.

La ilusión duró poco. El secretario de Estado, Marco Rubio, minimizó el episodio calificándolo de “solo un email” y ratificó que la posición estadounidense “sigue siendo la neutralidad”. Londres respondió con la contundencia de siempre: el vocero de Keir Starmer aseguró que “la soberanía recae en el Reino Unido y el derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial”, y remató con una frase que vale por todo el episodio: “nada va a cambiar eso”. En junio, el Comité de Descolonización de la ONU volvió a reclamar por consenso que ambos países negocien; como cada año, el Reino Unido lo ignoró. La “relación especial” anglo-estadounidense —más de dos siglos de cooperación en inteligencia y defensa— no se dinamita por un gesto de cariño hacia la Argentina. Si Washington alguna vez empuja a una mesa, no será para restituir soberanía, sino para administrar intereses.

Mientras el gobierno vacila y coquetea, Londres actúa como un macho alfa. En los primeros días de julio de 2026, el buque de guerra británico HMS Medway —el patrullero que reemplazó al HMS Forth como nave permanente de la ocupación— surcó aguas jurisdiccionales argentinas a la altura de Santa Cruz y Tierra del Fuego, rumbo desde las Malvinas al Estrecho de Magallanes, sin dar el aviso previo que estipulan los acuerdos bilaterales, en particular el Madrid II de 1990. La Armada lo detectó; la Cancillería apenas “analizó” la posibilidad de una protesta diplomática, y la oposición habló de una “provocación inadmisible”. El contraste es elocuente: la potencia ocupante pasea su flota de guerra por el mar argentino sin pedir permiso, exactamente en los mismos días en que el presidente pretende travestirse con los ropajes de los próceres de la independencia sin, por supuesto, llegar a ser siquiera una macchietta. Nadie surca sin permiso las aguas de un país al que respeta como soberano.

Milei, el émulo de San Martín, y sus patriotas en Tucumán

Para entender la magnitud de la paradoja, hay que escuchar lo que dijo el propio Milei el 9 de julio de 2026. En la Vigilia por el Día de la Independencia, en la Casa Histórica de Tucumán y por cadena nacional, el Presidente comparó su plan económico con la gesta sanmartiniana. Definió su gestión como un “cruce de Los Andes económico”: haber logrado, según él, una “transformación económica sin default ni confiscaciones”, en analogía directa con la epopeya que selló la independencia del reino de España. Llamó a avanzar hacia una “segunda independencia” y elogió a sus ministros comparándolos con los próceres: “Hoy contamos con un gabinete de patriotas, a quienes, al igual que los patriotas de 1816, no les importó poner su propia vida en juego”. Cuesta ver una analogía entre Güemes, San Martín o Belgrano, o los miles de soldados que quedaron en sangre y huesos en el campo de batalla, y Toto Caputo asoleándose en las playas del Caribe; pero se sabe que la imaginación y la megalomanía presidencial hacen lo suyo.

Y entonces, envalentonado en analogías y metáforas de valientes independentistas y patriotas que lo dan todo por la independencia, Milei la mancó: fue cuando se le ocurrió —o quizá al escriba de turno del discurso, que posiblemente el presidente ni leyó antes— celebrar el “apoyo inédito” de los Estados Unidos. Y ya sin poder parar, prometió: “No desperdiciaremos esta ocasión de hacer a la Argentina grande nuevamente” —un eslogan que ni siquiera es propio, sino un calco del “Make America Great Again” de su admirado Trump.

La contradicción es de manual: se proclama una segunda emancipación mientras se agradece, en la misma respiración, el respaldo de la mayor potencia del planeta. Difícil imaginar a San Martín cruzando los Andes para agradecerle a Londres su “apoyo inédito”. La independencia que se declama desde Tucumán es, en los hechos, un alineamiento; y un país que celebra depender del favor ajeno no está en condiciones de defender con firmeza la soberanía sobre un archipiélago que a esa misma potencia podría interesarle. Cabe entonces la pregunta que el propio acto deja flotando: ¿independencia de quién?

La ironía tiene, además, una precisión histórica que el discurso pasó por alto. El Acta que se firmó en esa misma Casa, el 9 de julio de 1816, no se limitó a romper con España: pocos días después, los congresales le agregaron una fórmula deliberada —declararse libres “de toda otra dominación extranjera”— precisamente para despejar los rumores de que la Revolución buscaba entregar el país a otra corona, la portuguesa o la británica. Doscientos diez años más tarde, un presidente celebra esa Acta mientras agradece el “apoyo inédito” de una potencia extranjera y se prepara para viajar a cortejar inversiones al país que ocupa las Malvinas. Es la vieja escena de ciertas élites argentinas que nunca terminaron de pensarse soberanas: en lugar de concebir la independencia como un fin en sí mismo, anudan sus privilegios a intereses foráneos y llaman “libertad” a esa dependencia. Malvinas es apenas el espejo más brutal de esa renuncia.

El contraste no pasó desapercibido dentro del propio gobierno. Horas antes del acto, la vicepresidenta Villarruel homenajeó “a quienes rechazaron la dominación extranjera” y, ya en la ceremonia, ocupó la primera fila sin siquiera saludar a Milei. La grieta entre ambos —que en Malvinas es de fondo— volvió a quedar a la vista: mientras el Presidente agradece a Washington, su vice reivindica a los que resistieron a los imperios, con el mismo fervor con el que se congratula con quienes asolaron al país desde adentro: los genocidas y sus cómplices, como los autodenominados “veteranos del Operativo Independencia” —el operativo que en 1975 convirtió a Tucumán en el laboratorio del terrorismo de Estado— que este año, por primera vez desde 1983, participaron del desfile oficial del 9 de Julio en Tucumán.

Un libertario en la corte londinense: el viaje de Milei a Londres

Antes de que finalice el año Milei planea viajar al Reino Unido para esas semanas de promoción, como ya hizo en USA en marzo de este año. No será un viaje más, y esperemos que en este no se repita lo del Argentina Week y ningún funcionario lleve a su esposa sin poder justificar con qué dinerillos; también se supone que será un foro de inversiones, de esas que nunca llegan. Sería apenas la segunda visita de un presidente argentino al Reino Unido desde la guerra de 1982. El único antecedente es el de Carlos Menem, que viajó a Londres en 1998, en el punto más alto de su política de “seducción” hacia los británicos; ni Alfonsín antes, ni los gobiernos kirchneristas o Macri después repitieron el gesto. Milei se propone hacerlo casi tres décadas más tarde, y hacerlo mientras el reclamo por las islas sigue abierto y un buque de guerra británico acaba de pasearse por el mar argentino.

La agenda incluye negociar que el gobierno británico levante el embargo de armas impuesto tras el conflicto, una restricción que aún limita a la Argentina para comprar equipamiento militar con componentes británicos. Pero hay un segundo frente, distinto del embargo aunque imposible de separar del viaje, que vuelve el acercamiento todavía más incómodo: mientras Milei se prepara para cortejar a Londres, el Reino Unido avanza con Sea Lion, un megaproyecto petrolero en aguas que la Argentina reclama como propias. Se trata de un yacimiento de crudo emplazado en la cuenca norte de las Malvinas, a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, en aguas que la Argentina considera propias y en disputa.

Lo operan la israelí Navitas Petroleum, con el 65% de la participación, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante, que ya anunciaron la “Decisión Final de Inversión” para ponerlo en marcha: la señal de que, tras años de sondeos, el petróleo del Atlántico Sur dejó de ser una promesa para volverse un negocio en ejecución. Con reservas estimadas en unos 1.700 millones de barriles y una primera producción prevista para 2028, Sea Lion promete transformar la economía isleña y, de paso, blindar la presencia británica en la región. Para Buenos Aires, en cambio, es una explotación unilateral de recursos en zona en disputa que viola las resoluciones de la ONU: el canciller Pablo Quirno la denunció como ilegítima, aunque —hasta ahora— sin más consecuencia que el comunicado. Para el oficialismo es pragmatismo puro; para los excombatientes y buena parte de la oposición, en cambio, un presidente que viaja a homenajear inversiones al país que ocupa las islas —y que le pide, de paso, venderle armas— no protagoniza una conquista diplomática, sino una rendición de cortesía ante el ocupante.

“Al conocer sus tesoros despertó mi idea fija y al final cambiamos oro por baratijas”

Para saber qué clase de negociador será Milei en una eventual mesa por Malvinas, basta con recordar el lúcido sketch de Les Luthiers “Cantata del Adelantado don Rodrigo”, ese descubridor español que llegaba a estas tierras y los autóctonos celebraban con un “¡nos descubrieron, al fin nos descubrieron!” para brindarle toda clase de riquezas por simple fascinación. En el caso de Milei, y fuera de toda broma, el patrón es nítido y se repite sector por sector: correr los límites que el Estado argentino había puesto, históricamente, para proteger sus recursos estratégicos, y ofrecérselos al capital extranjero —en particular al estadounidense— con beneficios inéditos.

El instrumento estrella es el RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones creado por la Ley Bases. Garantiza a las mega inversiones estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años, reducción de impuestos y libertad casi total para girar divisas al exterior. En mayo de 2026, Milei anunció un “Súper RIGI” con ventajas aún mayores. Sus críticos advierten lo esencial: esas cláusulas blindan a las corporaciones y recortan la capacidad de cualquier gobierno futuro de fijar políticas tributarias, ambientales o productivas sin exponerse a arbitrajes internacionales. Entre los primeros beneficiarios apareció Chevron, la petrolera estadounidense: socia histórica de YPF en Vaca Muerta e integrante del consorcio del Vaca Muerta Oleoducto Sur —un oleoducto de exportación de unos 2.900 millones de dólares—, uno de los primeros megaproyectos admitidos al régimen.

La segunda medida, quizá menos difundida pero igualmente grave, es acerca de la tierra y su posesión. Con el DNU 70/2023 —el megadecreto firmado a días de asumir— el gobierno derogó la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011 para frenar la extranjerización del suelo. Esa norma limitaba la propiedad extranjera al 15% de las tierras rurales del país y fijaba un tope de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo. Con la derogación, la compra de campos por parte de extranjeros quedó librada, en los hechos, “a la voluntad de compradores y vendedores”. La justicia frenó por ahora la medida con una cautelar —presentada, no por casualidad, en defensa de “la soberanía nacional y los recursos estratégicos”— y el asunto espera en la Corte Suprema. Pero la intención quedó escrita en el Boletín Oficial: que no haya límite para que un extranjero compre tierra argentina.

Malvinas, además de ser una causa de patriotismo —ese sentimiento tan devaluado por este gobierno— es también un motivo de disputa soberana por sus recursos naturales. Detrás del interés extranjero está su riqueza descomunal, y el proyecto petrolero Sea Lion, que mencionamos en párrafos anteriores, responde a ese interés. Ubicado a poco más de doscientos kilómetros al norte de las islas, tiene una reserva estimada en 1.700 millones de barriles de crudo.

Está operado por la israelí Navitas Petroleum —65% de la participación— y la británica Rockhopper Exploration —el 35% restante—, apunta a iniciar producción comercial en 2028 y a alcanzar un pico de 50.000 barriles diarios hacia 2032. Un documento interno del propio gobierno isleño admite que el yacimiento “va prácticamente a duplicar el PBI de las islas” y que, hacia 2034, los ingresos fiscales por petróleo podrían superar los 280 millones de libras anuales: las Malvinas facturarían por hidrocarburos, en proporción, más que el propio Reino Unido.

Conviene detenerse en cómo nació esa explotación, porque explica su lógica. Sea Lion no surgió de un acuerdo ni de una concesión negociada con la Argentina: fue una apuesta enteramente británica. La empresa Rockhopper Exploration, fundada en 2004 con el único objeto de buscar petróleo en Malvinas, relevó el fondo marino con estudios sísmicos y en mayo de 2010 anunció el primer hallazgo de crudo de la historia en aguas del archipiélago, allí donde antes Shell y Amerada Hess habían perforado sin suerte.

Desde entonces el proyecto pasó de mano en mano —la británica Premier Oil llegó a controlar el 60%— hasta quedar hoy en poder de la israelí Navitas. En ningún momento pidió, ni necesitó, autorización argentina: las licencias las otorgó el propio gobierno isleño, que se arroga la administración de “sus” recursos como si las islas fueran un Estado soberano. Más todavía: el yacimiento avanza incluso a contramano del gobierno británico, que desde 2001 dejó de financiar hidrocarburos y frenó las nuevas licencias, aunque se lava las culpas repitiendo que “los recursos naturales de los Territorios de Ultramar pertenecen a cada territorio”.

Ni Buenos Aires ni siquiera Londres habilitaron formalmente Sea Lion: lo ampara esa ficción de autogobierno kelper que la Argentina no reconoce y que, sin embargo, alcanza para repartir el subsuelo del Atlántico Sur. Frente a ese avance, los distintos gobiernos argentinos respondieron con las herramientas que tenían: ya en 2010 el entonces canciller Jorge Taiana calificó la maniobra de “ilegal y unilateral”; en 2011 la Argentina consiguió que los socios del Mercosur cerraran sus puertos a los buques con bandera de las islas, y desde 2012 sancionó a las petroleras que operaban sin permiso, un cerco que se sostuvo en los años siguientes.

Milei calificó el proyecto, en abril, de intento “unilateral e ilegítimo” de apropiarse de recursos argentinos y prometió acciones diplomáticas para frenarlo; hasta ahora, palabras. Esa tibieza frente al saqueo tiene una explicación que excede al petróleo, y marca la distancia real entre Milei y todos los gobiernos que lo precedieron. Desde 1983 —de Alfonsín a Fernández, con matices— la Argentina sostuvo una misma doctrina de Estado: reclamar la soberanía y admitir apenas el respeto por los intereses de los habitantes de las islas, jamás por sus deseos. Milei, en cambio, se instaló en una posición cuasi neutral que desplaza el eje hacia los propios kelpers, como si fueran ellos quienes deben decidir el destino del archipiélago.

La diferencia no es de matices. La Resolución 2065 de la ONU, que en 1965 reconoció la existencia de una disputa de soberanía y obligó a las partes a negociar, manda contemplar los intereses de la población, no su voluntad; la Disposición Transitoria Primera de la Constitución ordena recuperar las islas respetando el modo de vida de sus habitantes, no subordinar la soberanía a un plebiscito isleño. El Reino Unido sostiene exactamente lo contrario —que los habitantes tienen derecho a la autodeterminación—, y cada vez que Milei sugiere que los isleños terminarán eligiendo ser argentinos se corre, sin decirlo, hacia esa segunda vereda: la del ocupante. El propio Gobierno intentó apagar el incendio —el ministro de Defensa, Luis Petri, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salieron a negar que se estuviera reconociendo la autodeterminación—, pero el gesto ya había calado: la Legislatura de Tierra del Fuego repudió las expresiones, Ushuaia declaró al Presidente persona no grata y, desde la oposición, el excanciller Santiago Cafiero denunció una entrega de soberanía por la que, dijo, pelearon los héroes de Malvinas.

El otro tesoro económico codiciado por el extranjero es la pesca, actual verdadero motor de la economía isleña: explicó el 63% del PBI y el 92% de las exportaciones en 2024, con un ingreso anual cercano a los 210 millones de dólares, sostenido sobre el calamar de los géneros Illex y Doryteuthis —las mismas especies que las flotas extranjeras depredan en el límite del Mar Argentino—.

De todos modos, el conflicto no es solo económico sino geopolítico. Las Malvinas tienen otra condición invaluable: su posición geográfica. Son la bisagra del Atlántico Sur, el corredor entre ese océano y el Pacífico, y la antesala de la Antártida, cuyo régimen —que congela los reclamos territoriales— tiene fecha de revisión en un horizonte no tan lejano. Quien controla las islas controla rutas comerciales, caladeros, plataformas de proyección militar y una posición privilegiada sobre el continente blanco y sus reservas de agua dulce, minerales e hidrocarburos.

Y conviene precisar ese punto, porque suele contarse mal: no es el Tratado Antártico el que “vence” en 2048. El acuerdo de 1959, que congeló los reclamos de soberanía sin resolverlos, no tiene fecha de caducidad; lo que se abre ese año es la posibilidad de revisar el Protocolo de Madrid, el instrumento que desde 1998 prohíbe toda explotación minera en el continente. A partir de 2048 cualquier Estado consultivo puede pedir una conferencia para modificarlo y, eventualmente, habilitar la carrera por los recursos que hoy están vedados. Cuando esa puerta se abra, cada país negociará desde su historia de presencia, su infraestructura instalada y su despliegue científico, y ahí las islas son decisivas: el reclamo argentino sobre la Antártida —el sector comprendido entre los 25° y los 74° de longitud oeste, el más antiguo de los tres— queda enteramente solapado por el Territorio Antártico Británico, que Londres proyecta y abastece, precisamente, desde Malvinas.

Las dos disputas están cosidas por el mismo hilo jurídico: el principio de contigüidad geográfica que sostiene el derecho argentino sobre las islas es el mismo que funda su reclamo antártico, de modo que ceder en Malvinas sería debilitar, de un solo golpe, la posición argentina sobre el continente blanco. Por eso el Reino Unido mantiene allí una base militar de peso; por eso Estados Unidos jamás quiso irritar a Londres en la región; y por eso conviene desconfiar de cualquier arquitectura de “ayuda” que, con la excusa de acercar posiciones, termine consolidando la presencia de las potencias que ya operan en la zona.

¿A quién le sirve que Estados Unidos se siente a la mesa?

Volvamos a la escena del principio, la del gesto amistoso y la factura final. Un gobierno que corrió cada límite —que blindó a las corporaciones con el RIGI, que derogó la ley que impedía vender el país por hectáreas, que abrió los recursos naturales al mejor postor y que festeja, desde Tucumán, una “independencia” apuntalada por Washington— no ofrece garantías de defender la soberanía sobre el único territorio donde soberanía y recursos se anudan de manera tan explosiva. Si la Casa Blanca alguna vez auspicia una negociación por Malvinas, la pregunta no será si conviene aceptar, sino a quién le sirve: si a los 46 millones de argentinos que reclaman por derecho e historia, o a las petroleras, las pesqueras y los intereses geopolíticos que ya se reparten el Atlántico Sur. Porque a estas latitudes, las potencias no vienen a devolver nada. Vienen a cobrar. Y el que se sienta a una mesa con hambre de inversiones, agradeciendo favores y sin una estrategia soberana, no negocia: subasta.