07/10/2026 – https://diariolaventana.com.ar/
El Gobierno argentino activará la próxima semana un pedido de medidas provisionales para frenar las actividades hidrocarburíferas en la zona de las Islas Malvinas. La presentación se realizará en el marco de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.
El Gobierno de Javier Milei decidió avanzar con la estrategia judicial internacional anunciada semanas atrás y solicitará ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas destinadas a impedir la explotación de hidrocarburos en áreas cuya soberanía es reclamada por la Argentina.
La presentación se concretará luego de que venciera el plazo de dos semanas otorgado por el Ejecutivo argentino al Reino Unido para que adoptara medidas que impidieran el desarrollo de actividades vinculadas con la extracción de petróleo en la plataforma continental. El procedimiento se encuadra en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
El conflicto está relacionado principalmente con el proyecto denominado Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Las empresas Navitas Petroleum, de capitales israelíes, y Rockhopper Exploration, británica, anunciaron planes para avanzar con la explotación petrolera en la zona a partir de 2028.
Desde la Casa Rosada sostienen que el desarrollo unilateral de recursos naturales en áreas sometidas a una disputa de soberanía vulnera los derechos argentinos y contradice resoluciones de Naciones Unidas que instan a las partes a evitar modificaciones unilaterales mientras permanezca abierta la controversia.
La decisión implica llevar la disputa a un ámbito jurídico internacional específico. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, tiene competencia sobre cuestiones vinculadas al Derecho del Mar, por lo que la presentación argentina no busca que ese organismo determine quién tiene la soberanía sobre las islas.
El planteo estará concentrado en determinar si una de las partes puede avanzar unilateralmente con la explotación de recursos naturales no renovables en una zona marítima que permanece bajo disputa entre ambos Estados.
La ofensiva diplomática y judicial comenzó el 28 de septiembre, cuando el Gobierno argentino comunicó oficialmente el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la CONVEMAR. En esa oportunidad, además, se notificó formalmente al Reino Unido para que frenara las actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos.
El Ejecutivo también cuestionó distintas acciones británicas vinculadas con las islas y sostuvo que la explotación de los recursos naturales en Malvinas y los espacios marítimos circundantes genera un perjuicio que, desde la posición argentina, afecta derechos soberanos.
El canciller Pablo Quirno había presentado la medida como un avance por la vía jurídica y pacífica para defender la posición argentina. El Gobierno, además, sostiene que tanto Argentina como el Reino Unido son parte de la Convención sobre el Derecho del Mar y, por lo tanto, están alcanzados por sus mecanismos de solución de controversias.
La disputa tuvo además un capítulo relacionado con actividades empresariales británicas. El Gobierno argentino denunció recientemente vuelos realizados entre Punta Arenas, en Chile, y las Islas Malvinas sin autorización de las autoridades argentinas y anunció que evaluaría sanciones y acciones judiciales contra la empresa involucrada.
En paralelo, la presión sobre las compañías vinculadas al proyecto petrolero aumentó durante las últimas semanas. Entre las empresas que decidieron revisar o abandonar su participación en actividades relacionadas con la explotación se mencionó a Halliburton, mientras que las compañías directamente involucradas en el proyecto enfrentaron un escenario financiero más complejo.
De esta manera, el Gobierno argentino busca trasladar el conflicto por la explotación de los recursos hidrocarburíferos de Malvinas a un escenario judicial internacional, mientras mantiene el reclamo histórico por la soberanía de las islas y sostiene que cualquier aprovechamiento unilateral de los recursos debe detenerse hasta que exista una solución a la controversia.