El reclamo sobre las Islas Malvinas hoy tiene una dimensión bien concreta: la explotación de los bienes comunes año a año. Panorama de un saqueo silencioso que se dirime en el mar y nos impacta a diario.
Por Bianca Coleffi/ Fotos dePablo Ucha Olmedo
28 mayo 2026 – https://revistacrisis.com.ar/
Solo llevó quince minutos arriar la bandera argentina e izar la foránea para consolidar, el 3 de enero de 1833, la ocupación británica en las Islas Malvinas que sigue hasta el día de hoy, con un breve paréntesis en 1982, cuando un desembarco anfibio planificado por la Armada Argentina intentó recuperarlas bajo control de la última dictadura militar. La bandera argentina volvió a flamear en las Islas menos de un mes, el tiempo que tardó la flota inglesa en cruzar el Atlántico y ocuparlas, otra vez.
Al igual que en tierra firme, el mar también se encuentra jurídicamente dividido. El derecho internacional reconoce a los estados ribereños soberanía y derechos exclusivos desde las aguas territoriales hasta la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y la plataforma continental. Quien ejerce control sobre un territorio insular también proyecta poder político, económico y militar sobre las aguas que lo rodean.
Desde aquel día el Reino Unido usurpó 11.410 km2 de territorio malvinense. Cuatro décadas después, ese control se proyecta sobre casi 2 millones de km2 de ZEE, 140 veces mayor que el territorio insular. Argentina se levanta todos los días con un 20% de su territorio ocupado a apenas 500 kilómetros de sus costas.
Durante las décadas siguientes, el Reino Unido desplegó una arquitectura jurídica y financiera destinada a consolidar su “paraíso pesquero” —como describe el Informe Shackleton de 1976— a través de programas de conservación y manejo de los recursos naturales que ordenan la explotación del Atlántico Sur, además de invocar el principio de autodeterminación de los pueblos a la población kelper, una narrativa que pretende volver racional una ficción.
En la actualidad, en Malvinas se capturan 250 mil toneladas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (conocida internacionalmente como IUU), además de otras 750 mil en el Atlántico Sur, según la ONU. El Reino Unido, fiel a su historia, se consagró como el mayor pirata de los últimos tiempos con una de las flotas más sofisticadas y tecnológicamente más avanzadas del planeta. Desde inicios de la última década, saca aún más provecho: la concesión de licencias pesqueras que llevaron al colapso del calamar en Malvinas y el Atlántico Sur.
piratas del siglo XXI
La pesca en Malvinas constituye el principal sostén económico kelper. Representa cerca del 60% de los ingresos del gobierno local y es ejercida de manera ilegal a través de licencias pesqueras otorgadas unilateralmente por el Reino Unido que violan la Resolución 31/49 de Naciones Unidas.
A pesar de que le dedican casi todos los titulares sobre pesca ilegal, China no pesca con licencias británicas en las Islas Malvinas. En cambio, Taiwán y España sí son los principales actores de la pesquería isleña. El 80% de la pesca realizada en las islas desembarca en el Puerto de Vigo, principal puerto pesquero español. Cada temporada, barcos europeos recorren más de 10 mil kilómetros hasta el Atlántico Sur. Después de varios meses de campaña regresan con sus bodegas llenas de calamar congelado que se destina a plantas procesadoras en Galicia y posteriormente al mercado continental.
En 2020, luego del Brexit, el Reino Unido reforzó su relación con su principal socio pesquero en Malvinas desde 1982: el empresariado gallego. La estrategia para sortear los nuevos costos logísticos y aduaneros fue otorgar nuevas concesiones pesqueras por 20 años y constituir joint ventures mixtas con mayoría accionaria española lo que permitió que compañías como Argos Group, Beauchene Fishing, Fortuna, RBC, Southern Cross y Polarfish se consolidaran como las grandes pesqueras del calamar.
En los catálogos de estas empresas sus productos aparecen con etiquetas como Falkland Islands origin y ofrecen falklands calamari (calamar Loligo gahi), grenadier (pez granadero), kingklip (abadejo), red cod (brótola austral) y southern blue whiting (merluza azul), y productos de mayor cotización internacional, como el Patagonian toothfish (pez diente) o Chilean seabass, el nombre comercial de la merluza negra patagónica, pese a que la especie ni siquiera habita en Chile y se captura en gran medida en aguas de Malvinas y Georgia del Sur.
Algunas firmas de ese conglomerado empresarial han sido cuestionadas por tener filiales en Argentina: Estrella Patagónica, Pescapuerta, Argenova, Pereira e Iberconsa, y operan con doble matrícula en ambos caladeros, infringiendo el derecho internacional y la legislación argentina, que establece que “las empresas que tengan vínculos económicos o societarios con buques que pesquen sin autorización argentina —incluidas las operaciones con licencias otorgadas por el gobierno británico en Malvinas— no pueden recibir permisos ni cuotas de captura en el país” (según el Régimen Federal Pesquero, Ley 26386).
Los capitales de Estrella Patagónica S.A. son los mismos que integran la gallega Pescapuerta, con sede en Vigo, que opera en Malvinas mediante su sociedad mixta española-británica Petrel Fishing Company Ltd, con una flota de seis barcos. El Grupo español Iberconsa participa en el negocio del calamar de Malvinas a través de la firma Falkland Islands Fishing Companies Association (FIFCA). En Argentina está radicada en Puerto Madryn con el mismo nombre y se dedica principalmente a la captura y procesamiento del langostino.
La pesquera española Pescanova operó durante años en el caladero de Malvinas a través del holding Lafonia Seafoods. Mediante esta sociedad controlaba cerca del 70% de la firma malvinense Polar Ltd. Armadora Pereira también tuvo presencia directa en Argentina. Hasta 2012 controlaba la empresa Pereira Argentina, con plantas en Puerto Madryn y Rawson y una flota de cuatro buques. Sin embargo, la firma decidió desprenderse de sus activos en el Mar Argentino y desde entonces concentró su actividad solo en Malvinas a través de sociedades mixtas con Argos Group.
El negocio español no solo se limita a la pesquería. Existe una cadena industrial mucho más amplia que la mera captura de recursos, de la que también se benefician los armadores y navieros gallegos, que financian los buques y organizan las campañas en el Atlántico Sur, así como los astilleros y la industria naval auxiliar de Galicia, que permiten construir y mantener operativa la flota. El astillero gallego Nodosa Shipyard, en la ciudad de Marín, fabricó los últimos buques incorporados a la flota malvinense con tecnología naviera de última generación: el Argos Cíes, el Monteferro y el Prion.
“Con España mantenemos relaciones diplomáticas y una política que, hasta ahora, no ha logrado frenar esa explotación ilegal de los recursos. Es una pena que esto lo haga un país que también tiene parte de su territorio ocupado por el Reino Unido, como Gibraltar”, afirma Jorge Taiana, excanciller argentino y exministro de Defensa.
el colapso del calamar
“No hay calamar”, dicen los capitanes de buques gallegos que pescan con licencias de facto en las islas Malvinas. Por tercer año consecutivo, las capturas del principal recurso de la economía pesquera isleña se reducen de manera abrupta. En 2014 eran 80 mil toneladas de Illex y, once años después, son apenas 18 mil según el informe Licensing Advice 2026 del Departamento de Pesca del gobierno local.
Hace una década que Inglaterra no asume su depredación desenfrenada del recurso. Por el contrario instaló el concepto de “Guerra del calamar” con Argentina, para justificar que el bajo stock se debe a la competencia en la milla 200. “Es un mismo stock del que estamos hablando”, afirma César Lerena, experto en recursos del Atlántico Sur y presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).
El calamar Illex argentinus viaja desde aguas cálidas bonaerenses hacia el sur en busca del alimento que proveen las corrientes nutritivas de Malvinas. A mitad de su recorrido migratorio pasa por la ZEE de Argentina, donde cardúmenes que desconocen de jurisdicciones navegan entre la milla 200 y la 201 para continuar hacia el sur e incorporarse —junto con el calamar Loligo— al stock pesquero de las Islas Malvinas. “El calamar no pertenece a una jurisdicción. Es una especie migratoria que nace en aguas argentinas, crece en el Atlántico Sur y luego vuelve a desovar al norte. Si las capturas son desenfrenadas, ese ciclo biológico se rompe”, explica Lerena.
El gobierno británico evita hablar de colapso, aunque en sus informes reconoce la incertidumbre sobre el estado de las poblaciones y admite que “los científicos no pueden asegurar la estabilidad del recurso”. Sin embargo, todavía no existe evidencia científica que determine con certeza qué está provocando la desaparición de la especie. “La ciencia británica ha realizado estudios insuficientes, teóricos y superficiales, más orientados a cumplir con procedimientos burocráticos de manejo pesquero que a investigar el origen del problema”, afirma Lerena.
El calamar Loligo vive la mayor parte de su vida sobre las aguas cálidas costeras malvinenses y una gran parte de su población desova en la provincia de Santa Cruz. El deterioro de lo que constituye la principal captura española en las Islas fue progresivo, desde 2020 hasta la actualidad, cuando el stock se redujo a más de la mitad. La década comenzó con relativa normalidad, pero a partir de 2023 empezaron los cierres anticipados de las campañas de pesca. En 2024 directamente se canceló una temporada tras detectarse la biomasa más baja desde 2008, y este año la temporada inició con seis días de demora por indicación del Departamento de Pesca de las islas.
La disminución sostenida de las capturas de calamar en Malvinas coincide con el inicio de las prospecciones sísmicas en la región Desde 2010, comenzaron las perforaciones exploratorias relevantes para el proyecto Sea Lion, de las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper, y en 2015, se otorgaron permisos ilegales de explotación autorizados por el obierno británico en varias cuencas del Atlántico sudoccidental: la Cuenca Austral Marina y Malvinas Oeste y la Cuenca Norte
“Hay un gran vacío de información en cuanto al impacto de las exploraciones sísmicas offshore en Malvinas”, asegura Lerena. Sin embargo, la ciencia determinó que las ondas sísmicas alteran comportamientos, rutas migratorias, alimentación y capacidades reproductoras en las especies, sobre todo en el calamar. “Hablamos de un posible fraude ambiental si las licencias de exploración petrolera continúan siendo aprobadas sin evaluaciones rigurosas”, afirma Lerena.
la milla de la discordia
Marcelo Campos tiene tres días en tierra antes de volver a embarcarse. Su destino probable será un potero que se dirige a la milla 200 para pescar calamar. En treinta años de oficio, Marcelo conoció barcos de todo tipo. Pero en los poteros, donde el tiempo es lento y frenético a la vez, ha visto la cara más salvaje de la industria. Cada lance es una oportunidad para engordar las bodegas que conservan el alimento a 30 grados bajo cero. “En tan solo una hora se te pegan las pestañas y las fosas nasales trabajando allá abajo”, recuerda el pescador marplatense. Marcelo recuerda a marineros en barcos japoneses y españoles trabajar 24 horas seguidas en bodega, sin tocar puerto durante meses, a veces años. En épocas anteriores, dice, también vio a algunos tirarse al agua.
En altamar conoció poteros que permanecen hasta dos años en la milla 201 sin tocar puerto gracias a los transbordos y al reabastecimiento con buques frigoríficos que salen, en su mayoría, desde Montevideo. “Son como una cárcel”, dice. Más de 300 embarcaciones —según el Sistema de Monitoreo Satelital de Buques Pesqueros (VMS)— permanecen apostadas al límite de la plataforma continental argentina, en su mayoría de banderas españolas, coreanas, taiwanesas y portuguesas.
El agotamiento del recurso en Malvinas desencadenó en los últimos años una gran concentración en la milla 201. Algunas flotas tienen como destino directo esa coordenada; otras, provenientes de Malvinas y con bodegas cada vez más raquíticas, deciden “pescar de paso” para completar sus cargas y evitar regresar a puerto con campañas fracasadas.
Del otro lado de la ZEE, apenas un centenar de buques argentinos espera el paso de los cardúmenes que navegan desconociendo jurisdicciones. Las últimas campañas de calamar en la milla 200 registran bajos índices de captura, según el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), y en algunos años incluso han sido menores que las de la flota española.
“El límite marítimo no alcanza por sí solo para proteger especies migratorias”, afirma Jorge Taiana, hoy diputado de la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria pero gran conocedor del tema desde sus épocas como ministro de Defensa de la Nación. La importancia de la defensa de la milla 200 es fundamental y hoy atraviesa un escenario crítico, agravado por la desregulación del sector marítimo (DNU 340/2025). “Le están quitando competencias a la Marina para dárselas a la Prefectura”, cuestionó el excanciller. El abandono es tal que el propio Jefe de la Armada Argentina Juan Carlos Romay reclamó frente al ministro de Defensa, mayor inversión en equipamiento, tecnología y personal, en su reciente discurso por el Día de la Armada, desde la base de Puerto Belgrano. Tampoco hay registros oficiales de detecciones de ingresos de pesqueros sin licencia dentro de la ZEE argentina durante 2022 y 2023, lo que cuestiona el funcionamiento del Comando Conjunto Marítimo, organismo clave para la vigilancia del Atlántico Sur. La depredación del recurso que migra entre las costas argentinas, la milla 200 y las Islas Malvinas es cada vez mayor. “Argentina no cuenta hoy con la infraestructura pesquera necesaria para capturar dentro desu propia Zona Económica Exclusiva todo el recurso migratorio antes de que salga a aguas internacionales”, dice el exdiplomático. Argentina bate récords de exportación de calamar pero no dispone de una industria suficiente con poteros especializados, barcos factoría, buques congeladores, infraestructura portuaria y logística adecuada.
La industria pesquera es el octavo complejo exportador del país, pero, a diferencia del sector minero o el hidrocarburífero, no está exenta de las turbulencias socioeconómicas que atraviesa el país. Desde el empresariado sostienen que la industria está en crisis y señalan la falta de incentivos para desarrollar una flota nacional competitiva a nivel global. Sin embargo, cuando Federico Sturzenegger intentó modificar la Ley Federal de Pesca y avanzar en la apertura del mar, “se plantó todo el sector”, recuerda Lerena.
diplomacias del offshore
El reciente silencio de la diplomacia argentina frente al acuerdo entre Brasil y el Reino Unido, así como el escueto comunicado oficial que repudió el anuncio del inicio de operaciones petroleras en Islas Malvinas para 2027 por parte de Navitas Petroleum —empresa de capital israelí que impulsa el proyecto Sea Lion—, son leídos por distintos especialistas como señales de un repliegue del reclamo soberano por parte del gobierno argentino, más allá de viejas ilusiones que circulan como el apoyo de Estados Unidos en la disputa por Malvinas (pese a una historia que muestra lo contrario).
A medida que se debilita la presión diplomática argentina, avanzan también las operaciones en las islas. Para Taiana, el desarrollo de la explotación petrolera offshore en Malvinas nunca dependió únicamente del precio internacional del crudo o de las condiciones geológicas, sino también del grado de resistencia o facilitación que encontró desde la política exterior argentina.
Durante el gobierno de Carlos Menem, en 1995, se firmó un acuerdo de cooperación hidrocarburífera con el Reino Unido que permitió avanzar en exploraciones sin discutir el conflicto territorial. Entre 2003 y 2015 Argentina dio por terminado este acuerdo e impuso sanciones contra empresas que operaban en Malvinas, llevó el reclamo a foros internacionales y buscó bloquear apoyos logísticos regionales. Esa combinación elevó los costos políticos y legales de la explotación offshore británica. Algo que volvió a cuenta regresiva con el gobierno de Mauricio Macri y el comunicado Foradori-Duncan, que retomó una lógica de cooperación con Londres, durante los años siguientes hasta el acuerdo Mondino-Lammy que caracteriza la gestión de este gobierno como desmalvinizadora.
Históricamente Londres acudió a nuevas estrategias para consolidar su ocupación en el Atlántico Sur mediante instrumentos presentados bajo el discurso de la preservación ambiental, como el Agujero Azul o el programa Blue Belt, aun cuando continúan registrándose operaciones pesqueras en esas áreas. En enero de 2025, por ejemplo, el sistema satelital Global Fishing Watch detectó al buque español Argos Berbes, matriculado en “Falklands”, pescando dentro de una de esas zonas de conservación.
El panorama actual muestra un estado de colapso ambiental y un futuro aún peor en un territorio con proyección geopolítica sobre el Atlántico Sur, los pasos bioceánicos y la Antártida. “La Argentina tendría que declarar la emergencia biológica y ambiental en Malvinas”, sostiene César Lerena. Recuerda que en el pasado el país logró revertir la crisis de la merluza, que atravesaba una situación crítica, mediante el instrumento de las vedas. “Pero nada de eso podrá suceder mientras Argentina no tenga posesión y no pueda ejercer un control biológico sobre esa área”, advierte. El proyecto de ley para declarar la emergencia biológica y ambiental en las Islas aparece así como un reclamo concreto que, a más de cuatro décadas de la guerra, vuelve a poner en discusión la cuestión Malvinas más allá de su dimensión simbólica. También plantea la necesidad de defender los recursos naturales de un país bicontinental y del mar más austral del planeta.